La causa por los certificados médicos truchos presentados por estatales rionegrinos tendrá este viernes 21 su primera audiencia efectiva de formulación de cargos.

En esta primera instancia serán acusadas la profesional que habría emitido la documentación cuestionada, una persona señalada como facilitadora de la gestión y cuatro agentes públicos: un penitenciario, una docente y dos policías. Las defensas estarán a cargo de Silvio Garrido, Santiago Gonzalo Silva y Omar Jurgeit.

La investigación está en manos de los fiscales Francisco Marano y Juan Pedro Peralta. El Estado provincial interviene como querellante, representado por Federico Rosbaco, de la Fiscalía de Estado.

El expediente apunta a la utilización de certificados médicos con diagnósticos presuntamente falsos para justificar enfermedades y licencias laborales de agentes públicos. Según la hipótesis fiscal, la maniobra habría permitido cubrir ausencias en el Estado mediante documentación que consignaba enfermedades o impedimentos laborales inexistentes.

La audiencia llega después de la convocatoria del 4 de junio, que fue suspendida por el juez de Garantías Adrián Dvorzak ante la imposibilidad operativa de realizar el debate con las 119 personas acusadas. En esa oportunidad se resolvió dividir las imputaciones en distintas audiencias.

La causa original se formalizó el 23 de mayo de 2024, a partir de una presentación del gobernador Alberto Weretilneck, el fiscal de Estado, Gastón Pérez Esteban, y su adjunto, Luciano Minetti Kern. En una presentación posterior, los funcionarios identificaron como firmantes a una médica de General Roca y a un psicólogo de Villa Regina.

Durante esos días también se indicó que la denuncia sería ampliada a otros médicos, aunque finalmente esa ampliación no se concretó. En el expediente judicial, además, quedó desvinculado el profesional de Villa Regina por falta de pruebas suficientes.

La investigación no se limita a quienes presentaron los certificados. También busca determinar la eventual responsabilidad de los profesionales que los emitieron y de quienes pudieron haber actuado como gestores.

La intervención del Estado provincial como querellante se vincula con el perjuicio económico que, según la investigación, habría sufrido la administración por el pago de haberes durante períodos de licencias respaldadas en documentación presuntamente falsa.