El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó por unanimidad la condena contra Daniel Murphy, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh), en una causa por daños en un edificio público de Rawson durante una manifestación realizada en junio de 2023.

La resolución rechazó un recurso de impugnación extraordinaria presentado por la defensa del dirigente sindical. Con esta decisión, quedó firme la pena de un año de prisión en suspenso por el delito de "daño agravado", por lo que Murphy no irá a la cárcel.

El expediente fue iniciado por el Estado provincial, que acusó al sindicalista de haber provocado destrozos en una de las entradas del Ministerio de Economía de Chubut. En el mismo inmueble también funcionaban oficinas de Infraestructura y de la Fiscalía de Estado.

La sentencia original había sido firmada en febrero de 2025 por la jueza Eve Ponce. Luego fue apelada por el abogado defensor de Murphy, Juan Salgado, pero la condena fue confirmada primero por la Cámara en lo Penal de Trelew y ahora por el máximo tribunal chubutense.

Además de la condena en suspenso, Murphy deberá afrontar las costas del proceso judicial. La jueza Ponce las fijó en 30 módulos JUS para el abogado de la querella y 40 módulos para su defensor, un total de 70 módulos.

Al momento de la sentencia inicial, ese monto representaba algo menos de 3.800.000 pesos. Sin embargo, como el valor del módulo JUS de Chubut se actualiza mensualmente, la suma actual asciende a $5.466.451,20, calculada sobre 70 módulos de $78.092,16 cada uno. El importe seguirá actualizándose hasta que el pago se concrete y quede registrado judicialmente.

El fallo del Superior Tribunal de Justicia lleva las firmas de su presidente, Javier Raidán; los ministros Mario Luis Vivas, Camila Banfi Saavedra, Silvia Bustos y Ricardo Napolitani; y el juez de Cámara Diego Ariel Trad.

El tribunal sostuvo que el edificio afectado es un bien de uso público, debido a que allí funcionan organismos estatales a los que concurren vecinos para realizar trámites y acceder a servicios.

Durante la acusación, la fiscal Florencia Gómez afirmó que Murphy, como principal responsable de la protesta de junio de 2023, actuó de forma deliberada e irresponsable al romper a patadas un vidrio del hall del Ministerio, en un contexto de manifestantes enardecidos.

Gómez también planteó que, por su experiencia sindical y su rol de liderazgo, Murphy conocía las consecuencias de sus actos y debía actuar con responsabilidad. Según la fiscal, "el hecho de que él, como figura pública, haya generado el daño en lugar de contener la violencia, muestra una escalada de riesgos que podría haber derivado en consecuencias mucho más graves".