El Gobierno nacional aprobó una línea de crédito condicional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta 700 millones de dólares, destinada a financiar proyectos de transformación digital en los sistemas de salud de las provincias. La medida fue formalizada a través del Boletín Oficial y contempla como primera operación un préstamo para Mendoza.

El acuerdo aprobado corresponde a la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) N° AR-O0033. Según el esquema informado, el BID pondrá ese financiamiento a disposición de los gobiernos provinciales por un plazo de diez años desde la entrada en vigencia del convenio.

El objetivo del programa es “contribuir a reducir la carga evitable de enfermedad y muerte en la población bajo la responsabilidad de los sistemas de salud”. En ese marco, Mendoza accederá a USD 85 millones para el “Proyecto de Consolidación de la Transformación Digital del Sistema de Salud”.

La autorización fue publicada en el decreto 757/2026, que habilitó el acceso de la provincia al préstamo del BID. El proyecto mendocino busca mejorar la oportunidad, integralidad, continuidad y seguridad de la atención sanitaria pública.

El gobierno provincial de Alfredo Cornejo prevé utilizar los fondos en infraestructura y equipamiento digital; sistemas de información y servicios digitales; formación, acompañamiento y gestión del cambio; e interoperabilidad, inteligencia sanitaria y ciberseguridad.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La operatoria incluye una estructura de garantías entre el Estado nacional y la provincia.

De acuerdo con lo establecido, el BID requirió que la República Argentina, mediante el Ministerio de Economía, suscriba el acuerdo marco CCLIP y un contrato de garantía para respaldar las obligaciones que Mendoza asuma ante el organismo multilateral. A su vez, el Estado nacional firmará con la provincia un contrato de contragarantía para proteger el crédito público nacional.

Esa contragarantía contempla una cláusula de débito automático sobre la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos, o el régimen que la reemplace, por hasta el total del monto adeudado.

La norma faculta al ministro Luis Caputo, o a los funcionarios que designe, y al secretario de Finanzas, a firmar el acuerdo CCLIP y los contratos de garantía y contragarantía. También los habilita a acordar modificaciones que no cambien el objeto, el destino de los fondos, el monto ni el procedimiento arbitral previsto.

El Banco Central de la República Argentina evaluó la operación y concluyó que “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales”.

Por su parte, la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía sostuvo que el costo financiero del préstamo “es inferior al que la República podría obtener en el mercado”, por lo que no presentó objeciones al financiamiento.