La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Gobierno argentino que avanzará en el análisis de fondo de la denuncia presentada hace más de 15 años por la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao, en el marco del conflicto territorial que mantiene en Villa La Angostura.

La comunicación fue enviada al canciller Pablo Quirno mediante una nota diplomática fechada el 13 de agosto. Allí, el organismo trasladó al Ministerio de Relaciones Exteriores las observaciones de la parte peticionaria y fijó un plazo de cuatro meses, hasta el 13 de diciembre, para que el Estado responda. Ese período puede prorrogarse hasta un máximo improrrogable de seis meses, con vencimiento el 13 de febrero de 2027.

La CIDH advirtió que, si no recibe una contestación dentro de esos plazos, podrá pronunciarse igualmente con la información incorporada al expediente.

El reclamo de la comunidad tiene como eje la paralización del relevamiento territorial previsto en la Ley 26.160, que debería derivar en la entrega de un título de propiedad comunitaria. Según sus representantes, los trabajos técnicos, informes antropológicos, tareas de campo y planimetría ya fueron concluidos, pero la resolución administrativa continúa sin definirse en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

La comunidad Paichil Antriao ocupa distintos predios públicos y privados en Villa La Angostura, en sectores ubicados a orillas del lago Correntoso y cerca del cerro Belvedere. Sus integrantes afirman que el lote pastoril de 625 hectáreas entregado en 1902, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, fue reducido con el avance urbano hasta quedar limitado a una parte de la superficie original.

En paralelo, la comunidad sostiene al menos diez disputas por tierras con el municipio de Villa La Angostura y con privados. Uno de los casos más relevantes es el del camping del Lago Correntoso, ocupado desde 2011.

El 7 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso extraordinario presentado por la comunidad en ese expediente. Lo hizo mediante el artículo 280 del Código Procesal, que permite desestimar un planteo sin desarrollar una fundamentación extensa. Tras esa resolución, el abogado de la comunidad, Virgilio Sánchez, cuestionó el mecanismo y anticipó que el reclamo seguiría “en el plano internacional”.

La nueva notificación de la CIDH se produce después de que el organismo reactivara el expediente en abril, cuando advirtió que podía archivarlo si no obtenía respuesta. En mayo, resolvió tratar en conjunto la admisibilidad y el fondo del caso, una decisión poco habitual que, según los abogados de la comunidad, podría anticipar un pronunciamiento adverso para el Estado argentino.

Si la CIDH determina que existieron violaciones a los derechos humanos, debe emitir un Informe de Fondo con recomendaciones al Estado. Antes de esa instancia, suele explorarse una solución amistosa entre las partes, algo que el municipio y la comunidad ya intentaron anteriormente sin resultados.

Sánchez volvió a plantear la necesidad de crear una instancia de diálogo. Sin embargo, desde el municipio consideran que esa alternativa podría volver a fracasar, debido a antecedentes inmediatos que tampoco llegaron a una solución.