La población carcelaria de Río Negro volvió a crecer durante el primer semestre de 2026 y profundizó una crisis de hacinamiento que se sostiene desde hace años en los penales de la provincia, entre ellos el penal 3 de Bariloche, señalado como una de las unidades desbordadas.

Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad y Justicia a los que accedió Diario RÍO NEGRO, en los primeros seis meses de 2026 había 1.402 personas detenidas en cárceles rionegrinas: 1.292 condenadas y 110 con prisión preventiva.

La comparación muestra un aumento sostenido. En el primer semestre de 2025 se registraban 1.381 internos, con 1.264 condenados y 117 imputados con preventiva. En 2024 eran 1.321 personas alojadas, entre 1.214 condenados y 107 detenidos en proceso penal. En el mismo período de 2023, la población carcelaria era de 1.199 personas, con 1.111 condenados y 88 imputados.

De acuerdo con esos números, la cantidad de personas alojadas en penales creció casi 16,9% entre el primer semestre de 2023 y el de 2026.

El gobernador Alberto Weretilneck reconoció la gravedad del cuadro durante una actividad en Bariloche. “La cantidad de detenidos es la más alta en la historia de las cárceles rionegrinas. Estamos cerca de los 1.600 detenidos entre los que están en cárceles como los que están con distintos dispositivos electrónicos”, afirmó.

A los internos alojados en establecimientos penitenciarios se suman quienes cumplen medidas con dispositivos electrónicos, como pulseras o tobilleras, tras acceder a beneficios como la prisión domiciliaria. Según Weretilneck, son cerca de 200 imputados o condenados.

“El Ministerio de Seguridad y Justicia con el Servicio Penitenciario y la Policía están haciendo lo posible para alojar aquellos que tenemos detenidos”, sostuvo el mandatario.

Weretilneck vinculó el aumento con distintos factores. “Que tengamos este nivel de detenidos tiene que ver con varias cosas: con un Código Procesal Penal que se ha modernizado, con un sistema de investigación judicial policial mucho más eficiente, que el que teníamos años anteriores y con las leyes que hemos sancionado de reiterancia y doble condena que son todas leyes que bajan el nivel de impunidad”, planteó.

También advirtió que esa baja de impunidad tiene un efecto complejo: “Creo que la baja del nivel de impunidad tiene una cuestión que es contraproducente que es la cantidad de detenidos que tenemos”. Luego admitió: “Lamentablemente, tenemos que seguir conviviendo con este tema por unos cuantos años más”.

Diario RÍO NEGRO consultó a operadores del servicio de justicia penal sobre las posibles causas de la crisis. El fiscal jefe de Bariloche, Martín Lozada, sostuvo que la superpoblación carcelaria podría estar influida por dos posturas del Ministerio Público Fiscal.

La primera, explicó, es la aplicación estricta del artículo 10 del Código Penal, que reserva la prisión domiciliaria para casos puntuales. Ese artículo contempla, a criterio del juez competente, la detención domiciliaria para internos enfermos cuando el encierro impide su recuperación o tratamiento adecuado y no corresponde su alojamiento hospitalario; para internos con enfermedad incurable en período terminal; para internos con discapacidad cuando el encierro resulta inadecuado y supone un trato indigno, inhumano o cruel; y para madres de niños menores de cinco años o de personas con discapacidad a su cargo.

Lozada afirmó que el MPF “viene reiteradamente oponiéndose a la aplicación de la prisión domiciliaria en todos aquellos casos en que no están previsto por la ley”.

Como segundo punto, señaló que el Ministerio Público Fiscal impulsa que las prisiones preventivas y las penas no se cumplan en calabozos ni celdas de comisarías, sino en lugares dependientes del Servicio Penitenciario Provincial.

El fiscal recordó que las comisarías no son espacios adecuados para alojamientos prolongados porque allí no pueden cumplirse estándares y obligaciones del Estado, como la custodia, la provisión regular de alimentos, el servicio médico y las visitas. “Estas dos circunstancias podrían incidir en ese aumento exponencial de la cantidad de presos en las cárceles rionegrinas”, consideró.

El defensor penal público de Roca, Juan Pablo Chirinos, hizo otra lectura y no atribuyó el crecimiento de internos a la reforma procesal penal en los términos planteados por el gobernador. Observó que hasta 2017 había muchos más procesados que condenados y que ahora esa relación se revirtió. “Con los Códigos nuevos tenés más condenados”, sostuvo.

Sobre la ley de reiterancia, Chirinos dijo que “no debería meter más gente presa”. Según explicó, en Roca quedan pocas personas detenidas por ese criterio porque los jueces evalúan las dos causales de prisión preventiva: peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

El defensor, que fue juez de ejecución penal, consideró que ahora se aplican condenas cortas de prisión efectiva, que se suman a las penas largas de personas sin beneficios. Mencionó que en Roca se construyó un pabellón nuevo para condenados por abuso sexual y para detenidos por causas de violencia de género.

Chirinos sostuvo que el sistema procesal vigente genera más ingresos a las cárceles, mientras que la reforma de la ley de ejecución penal nacional redujo beneficios para las personas condenadas. También mencionó un cambio de jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y del Tribunal de Impugnación que impactó en beneficios del período de prueba, como la libertad condicional.

Como ejemplo, recordó que antes una persona condenada a seis meses de prisión podía cumplir la pena con tareas comunitarias. Señaló casos de condenas cortas por desobediencia a una orden judicial y afirmó que la cantidad de personas presas por ese delito es “desproporcionadamente alta comparada con otras provincias”. Para Chirinos, se trata de “una decisión de política judicial rionegrina”.

El defensor agregó que casi todos los internos son reincidentes y que, por la reforma de la ley de ejecución penal, no pueden acceder a la libertad condicional. También vinculó el fenómeno con la situación social: “Mejora la desigualdad social y hay menos presos, si hay más desigualdad social hay más delitos”, afirmó.

“Otro tema grave que tenemos es el de las adicciones”, indicó. Contó que en su tarea cotidiana ve presos con sentencia por desobediencia, delitos contra la propiedad y violencia de género atravesados por consumos problemáticos. “Nunca es políticamente correcto dejar salir personas de la cárcel. No tiene costo político”, consideró.

Para Chirinos, los datos muestran que “están condenando a más personas y no están saliendo gente” de las cárceles. “Por eso no baja el número”, resumió.

Fuentes judiciales de Bariloche señalaron que la Provincia hizo refacciones en las Comisarías Segunda y 42 a partir de resoluciones judiciales que ordenaron acondicionar los calabozos. Indicaron que esas celdas, pensadas para alojar detenidos durante unas horas hasta ser llevados ante un juez, son usadas por el Servicio Penitenciario como pabellones.

Las mismas fuentes evaluaron que la reforma del Código Procesal Penal no fue acompañada por un aumento de plazas para detenidos y señalaron que, para las autoridades provinciales, “hay otras prioridades”. También confirmaron que el penal 3 de Bariloche está desbordado de personas presas o con prisiones preventivas.

Weretilneck admitió que la construcción de una nueva cárcel aparece como una necesidad compartida, aunque por ahora sin financiamiento. “Todos coincidimos en que tenemos que hacer una nueva cárcel. No hay nadie que no tenga claro que hay que hacer una nueva cárcel. Hoy, no tenemos fondos en la provincia para construir una cárcel nueva”, explicó.

“Hoy no lo tenemos previsto, seguramente buscaremos algún financiamiento esencialmente internacional, porque para hacer una cárcel de estas características tendríamos que dejar de hacer muchas otras cosas que estamos haciendo”, manifestó el gobernador.