La comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento (G) dio despacho al proyecto que fija el procedimiento para implementar exámenes toxicológicos en el Poder Legislativo de Neuquén.

El dictamen fue aprobado por mayoría, con acompañamiento de los bloques Comunidad, MPN, PRO-NCN, UxP, Democracia Neuquén, JxC y Juntos. El diputado César Parra, de la banca de izquierda, votó en contra.

Durante el tratamiento se analizaron dos iniciativas: una presentada por la vicepresidenta 1.ª a cargo de la presidencia de la Legislatura, Zulma Reina (Comunidad), y otra impulsada por el diputado Claudio Domínguez (MPN). Finalmente, la comisión resolvió avanzar con la propuesta de Domínguez e incorporar algunos aportes surgidos en el debate.

La discusión se dio porque la aplicación de los controles toxicológicos a diputados y diputadas debe instrumentarse a través de una resolución de Cámara. En ese marco, la Presidencia de la Legislatura no cuenta con atribuciones para regular aspectos que alcanzan al cuerpo legislativo, por lo que el procedimiento debe ser definido por los propios legisladores.

Domínguez sostuvo que el sistema debe ser “fácil, ágil, dinámico, in situ, sorpresivo y aleatorio”. Según explicó, alcanzará a los 35 diputados y diputadas, tendrá frecuencia bimestral y se realizará antes de las sesiones de Cámara y de las reuniones de comisión. La coordinación técnica estará a cargo del área de Medicina Laboral, con apoyo administrativo e institucional de la Secretaría de Cámara.

El diputado también indicó que cada legislador deberá someterse al examen toxicológico al menos una vez por bimestre, por lo que lo definió como “un control periódico y permanente” sobre las condiciones para ejercer la función legislativa. Además, remarcó que la frecuencia prevista supera la establecida para el Poder Ejecutivo.

En el debate, Gerardo Gutiérrez, del mismo bloque, propuso que la redacción final no se limite al período ordinario legislativo, comprendido entre el 1ro de marzo y el 15 de diciembre, sino que contemple todo el año. “Somos diputados los 365 días del año”, señaló. La observación abrió un intercambio sobre la operatividad del mecanismo, y desde distintos bloques se insistió en que los controles deben hacerse “in situ”, sin aviso previo y no en un laboratorio externo. Finalmente, se incorporó la realización de exámenes antes de sesiones extraordinarias y preparatorias.

La diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) planteó que la reglamentación vigente para el Poder Ejecutivo “es contraria” a la ley, al afirmar que la norma dispone que los controles deben realizarse en el lugar de trabajo de la persona sorteada. Por ese motivo, consideró necesario revisar esa reglamentación.

Desde JxC, César Gass respaldó la aprobación del protocolo y sostuvo que es necesario garantizar que los legisladores estén en condiciones físicas y biológicas de sancionar leyes. También pidió avanzar con otras iniciativas vinculadas a la transparencia en la función pública, entre ellas el proyecto sobre declaraciones patrimoniales juradas.

Parra fundamentó su rechazo al señalar que la ley de controles toxicológicos a funcionarios públicos no aporta a la lucha contra el narcotráfico ni a políticas de contención frente a las adicciones. “De hecho, estas propuestas las penalizan”, afirmó al votar en contra.