Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro busca crear un protocolo provincial para la activación de la Alerta Sofía ante la desaparición o extravío de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en el territorio provincial.

La iniciativa fue impulsada por el bloque PRO Unión Republicana, que conduce Juan Martin, y propone una respuesta inmediata, coordinada e interinstitucional para la búsqueda, localización urgente y resguardo de personas menores de edad.

Desde el bloque remarcaron que, ante estos casos, no debe haber demoras en la recepción de denuncias. "Cuando desaparece un niño, una niña o un adolescente, actuar a tiempo puede hacer la diferencia", señalaron tras la presentación del proyecto.

El texto establece que cualquier denuncia por extravío o desaparición de una persona menor de 18 años deberá ser recibida en dependencias policiales, judiciales o administrativas sin exigir un plazo mínimo de espera, sin condicionamientos y sin requerir la acreditación previa de circunstancias especiales.

Según el proyecto, al momento de tomar la denuncia se deberá reunir la mayor cantidad de información posible para orientar la búsqueda, incluida una fotografía de la persona desaparecida, lugares que frecuentaba, datos del grupo familiar y referentes afectivos, teléfonos, redes sociales y otros elementos de interés.

La autoridad de aplicación prevista es el ministerio de Seguridad y Justicia. Una vez radicada la denuncia, la autoridad competente deberá activar el protocolo dentro de las 3 horas y coordinar acciones con distintos organismos y provincias limítrofes.

Entre las medidas iniciales se incluyen verificaciones en hospitales, dependencias policiales, terminales de transporte, aeropuertos y pasos fronterizos; activación de sistemas de videovigilancia; relevamiento de cámaras públicas y privadas; y pedido de colaboración a fuerzas federales cuando corresponda.

Para que se active la Alerta Sofía, el proyecto contempla la existencia de una persona menor de 18 años desaparecida, una denuncia formal, la presunción de riesgo grave para su integridad física, psicológica o biopsicosocial, y elementos suficientes para su identificación.

Los ejes de la propuesta son recibir las denuncias de manera inmediata, evaluar con rapidez la activación de la alerta cuando se cumplan los requisitos, difundir la búsqueda, coordinar la intervención de organismos y fijar responsabilidades para evitar demoras injustificadas.

En los fundamentos, los legisladores sostuvieron que las primeras horas posteriores a la desaparición de un menor son determinantes para lograr su localización con vida y prevenir consecuencias irreparables. También destacaron el rol de los dispositivos electrónicos de comunicación masiva para acortar tiempos y dar estado público a la búsqueda.

El bloque argumentó además que Río Negro tiene extensas áreas rurales, corredores viales estratégicos y una amplia dispersión territorial, por lo que considera indispensable contar con procedimientos específicos para responder con rapidez y eficiencia.

La iniciativa fija como principios el interés superior del niño, la celeridad y actuación inmediata, la coordinación interinstitucional, la prevención del daño, la protección integral de derechos, la confidencialidad de la información sensible, la participación comunitaria y la colaboración ciudadana.

El proyecto también prevé que la Policía de Río Negro conforme equipos especializados en búsqueda de personas y que se utilicen todos los medios disponibles para difundir las alertas.

Además, propone crear la Mesa Provincial de Coordinación para la Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos. Ese espacio deberá coordinar acciones, elaborar protocolos complementarios, evaluar el funcionamiento del sistema y formular recomendaciones técnicas.

La mesa estaría integrada por representantes de los ministerios de Seguridad, Salud y Modernización; la secretaría de Derechos Humanos; la secretaría de Niñez y Adolescencia; la Policía de Río Negro; el Poder Judicial; el ministerio Público Fiscal; el sistema 911; municipios y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la protección de la niñez.